Los cien días de Rajoy

El PSOE llegó al poder en España hace ocho años, gracias a un atentado terrorista que la izquierda política y mediática explotó sin el menor escrúpulo para cambiar el sentido del voto en las elecciones.

Cuando escribo estas líneas acabo de empezar el libro de Lawrence Wright, La torre elevada. Al-Qaeda y los orígenes del 11-S, publicado en 2006. Aunque apenas llevo cincuenta páginas, un pensamiento me asalta reiteradamente durante la lectura: Ojalá en España tuviéramos un relato tan completo y minucioso de lo que ocurrió el 11-M. Por desgracia, no es así. No sabemos quién ordenó los atentados, quién está realmente detrás de ellos. Los ciudadanos de Estados Unidos saben quién les golpeó y por qué. Conocen los errores gravísimos que cometieron sus servicios de inteligencia. Han perseguido a los culpables, han derribado el régimen político que los amparó en Afganistán, donde siguen combatiendo con sus aliados, y han ejecutado a varios de los dirigentes de Al-Qaeda, incluyendo a su máximo líder, Osama Bin Laden.

Los españoles no podemos decir lo mismo, evidentemente. Tenemos en la cárcel a unos pocos implicados, de los cuales solo uno está acusado de ser autor material de los atentados. Los demás supuestamente se suicidaron, no en los trenes, sino en un piso de Leganés. Pero, aun suponiendo que todo sea como nos lo han contado, ignoramos si sus jefes eran islamistas, los servicios secretos marroquíes u otros. Insisto: No tenemos un relato completo y consistente de lo que sucedió; solamente, y siendo complacientes con la versión oficial, piezas sueltas de un rompecabezas.

Sea como fuere, lo cierto es que durante los dos primeros años de su gobierno, Rodríguez Zapatero disfrutó de un período de prosperidad económica como no se había conocido en España desde hacía décadas. Lo había heredado de los ocho años de legislatura del Partido Popular, que había llegado al poder con una tasa de paro del 22 % (heredada a su vez del gran estadista -según Ansón- Felipe González), la cual consiguió reducir a la mitad. Fruto de la política económica de los conservadores, durante los dos primeros años de gobierno del PSOE, como decía, el paro incluso siguió descendiendo. Entonces nadie alertaba de la burbuja inmobiliaria, y menos que nadie el gobierno socialista. Incluso cuando estalló la crisis financiera en Estados Unidos, en el verano de 2007, el mensaje promovido desde el ejecutivo fue que España estaba a salvo de las consecuencias de la crisis, porque tenía un sistema financiero modélico. Y lo continuó asegurando hasta las elecciones de 2008, cuando los indicios más que preocupantes eran innegables.

Fue entonces cuando se echó mano del discurso de la burbuja inmobiliaria que había provocado el PP, de la "cultura del ladrillo" y toda suerte de sandeces para intentar demostrar que lo blanco es negro y viceversa. Es decir, que mientras los dos años de bonanza con los que se inició la primera legislatura del PSOE eran atribuibles a la sabia dirección económica socialista, los cinco años de debacle posteriores había que atribuírselos a la gestión económica de los gobiernos conservadores anteriores. En resumidas cuentas, entre lo dicho y el socorrido estribillo del "contexto internacional", los socialistas tienen la infinita desvergüenza de exonerarse de toda responsabilidad en el desastre de los más de cinco millones de parados y un déficit público superior al 8 % que nos han dejado, entre otros estropicios. Peor aún, se oponen con todo el aparato mediático y sindical a su servicio, a las medidas económicas tomadas por el gobierno, con una acumulación inconexa de argumentos. Por un lado, dicen que Rajoy hace lo contrario de lo que prometió. Por otro, no están de acuerdo con lo que hace. Es decir, que haga lo que haga les parecerá mal.

Los sindicatos dicen que la derecha "quiere acabar con todo". Es decir, hablan como si la situación que tenemos en este momento, con una tasa de paro superior a todos los países desarrollados, fuera idílica, algo por lo que vale la pena luchar. ¿Derechos sociales? Como no sea el derecho a no trabajar, vegetando con un mísero subsidio, resulta difícil no pensar más bien en los privilegios de una minoría de  empleados de algunas industrias y de funcionarios públicos, que hasta ahora no habían temido que el desempleo les pudiera amenazar también a ellos.

Es muy difícil juzgar la labor de un gobierno en sus cien primeros días. No sabemos qué efectos tendrán las medidas que ha adoptado. Es cierto que algunas de ellas han podido defraudar a sus propios votantes, como la subida del impuesto sobre la renta. Pero cabe imaginarse qué margen de actuación tiene un gobierno que acaba de entrar, y se encuentra con un déficit superior en más de un 30 % a lo esperado. La única manera casi instantánea de obtener dinero para pagar nóminas de funcionarios, entre otros gastos corrientes inaplazables, es obtenerlo de las nóminas de los demás trabajadores, o bien pedir un crédito, como hizo Aznar en 2004. Está claro que en el momento actual lo segundo era imposible. Había otras posibilidades, de acuerdo, que eran el despido masivo de funcionarios (pero a los que habría entonces que seguir pagando subsidios de desempleo) o sencillamente rebajarles drásticamente su sueldo. El gobierno optó por repartir los daños entre todos los trabajadores, lo cual no sé si será justo, pero parece evidente que para evitar males mayores era la única opción.

Por lo demás, el Partido Popular no se ha limitado a encarar la gravísima situación económica, sino que ha planteado un aspecto crucial del ideario conservador, que es la reforma de la ley del aborto. Es este un tema central de la batalla cultural, porque concierne al derecho más básico de todos, el derecho a la vida, en el se entremezclan todas las cuestiones más importantes que hoy puede plantearse cualquier ser pensante, sobre el sentido de la ley, de la moral, sobre el relativismo, sobre nuestras creencias más fundamentales, sobre la familia, etc.

Por último, el gobierno de Rajoy, además de plantear lo que parece una profunda reforma laboral (veremos sus efectos en los próximos meses y años), y de acometer una reforma legislativa que proteja el derecho a la vida de los no nacidos, parece (aunque no sin titubeos), que está dispuesto a permitir que se siga investigando el 11-M, es decir, averiguar quién ordenó el asesinato de casi doscientas personas para influir en unas elecciones democráticas. Son las tres cuestiones fundamentales. El derecho a la vida, la sociedad que queremos (subsidiada o emprendedora) y conseguir una democracia auténtica, en la que los golpes de Estado no se puedan producir, o por lo menos terminan aclarándose. Es todavía pronto para juzgar. Hay que dar un margen de confianza a este gobierno.