miércoles, 28 de mayo de 2008

Camino de servidumbre

Los socialistas cuentan con un gran número de magistrados afines que anteponen las consideraciones ideológicas o de partido al espíritu de la ley, incluso pasando por encima de los principios más elementales. Lo hemos visto recientemente en la sentencia sobre la inconstitucionalidad de la ley de violencia de género, que se carga sencillamente la igualdad ante la ley, y todo hace temer que seguiremos teniendo ejemplos clamorosos en el futuro cercano.

Ello es resultado, en gran parte, de la maniobras del PSOE, desde los años ochenta, para conseguir dominar todas las instituciones del país, empezando por la justicia. Con plena conciencia de los fines que se perseguían, Alfonso Guerra decretó la muerte de Montesquieu, y desde entonces, no contentos con la infiltración, no han cejado en su empeño por dejar reducida a mera retórica la independencia judicial, de mil y una retorcidas maneras. En los últimos cuatro años, se ha llegado incluso a la desfachatez de que algunos magistrados han defendido la adaptación de las leyes y las decisiones judiciales a la "realidad social", eufemismo repulsivo referido a las negociaciones con la organización terrorista ETA.

Ante los hechos abrumadores, una respuesta típica suele ser que "los otros (o sea, la derecha) también lo hacen". Hay en ello una media verdad, en el sentido de que forma parte de la historia natural del poder, sea cual sea su color político, el incansable afán por crecer y fagocitarlo todo. Pero el caso del juez del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo, recientemente fallecido "por causas naturales" (El País) a los 65 años, rebasa cualquier intento de comparación. Que los servicios secretos, antes de su oportuna muerte, vinieran vigilando a un magistrado que no se plegaba a los intereses del gobierno, llegando incluso a organizar un montaje con el fin de desprestigiarlo, no puede ser despachado con el recurso populista al "todos hacen lo mismo". Se trata de un hecho de gravedad inusitada, que nos hace plantearnos si nuestra democracia es homologable al resto del mundo occidental.